Pueblos originarios y una lucha sin fin

Desde la conformación del Estado argentino, los pueblos indígenas han sufrido el despojo, la invisibilización y una deshumanización sistemática arraigada en una matriz eurocentrista. Durante siglos se los consideró inferiores para justificar el arrebato de sus tierras y su cultura. Hoy, se suele pensar que esa violencia quedó relegada al período colonial. Sin embargo, detrás de la fachada de un Estado de derecho presente e inclusivo, las prácticas de exclusión siguen vigentes. ¿Realmente las leyes actuales protegen a las comunidades, o son solo una pantalla discursiva?

En la teoría, Argentina aparece como un país con memoria e inclusivo. Tras la reforma de la Constitución Nacional en 1994, en el artículo 75, inciso 17, Argentina reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y, fundamentalmente, garantiza la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. En sintonía con este artículo, en 2006 se sancionó la Ley 26.160, una medida de emergencia diseñada para suspender los desalojos y ordenar un relevamiento técnico-jurídico de esos territorios de manera urgente.

Pero es justamente aquí donde la promesa constitucional choca con la realidad. Según datos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a casi dos décadas de la sanción de la ley, el relevamiento territorial es un rotundo fracaso político: de las aproximadamente 1.760 comunidades indígenas identificadas en el país, apenas 746 lograron concluir el proceso, 361 relevamientos quedaron sin culminar y otras 653 ni siquiera han dado inicio. No se trata de una demora burocrática ni de falta de recursos, sino de una concreta decisión política de no cumplir.

Esa decisión se volvió explícita con el decreto 1083/2024, firmado por el actual presidente Javier Milei, que derogó el artículo 2 de la Ley 26.160, el que cual suspendía los desalojos de tierras ancestrales. La medida no solo desarma la única protección territorial vigente, sino que deja a las comunidades expuestas frente al avance de empresas extractivistas. Esta misma lógica encuentra su continuidad en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, sancionada por el Senado el pasado 7 de agosto, que refuerza las garantías para propietarios con título formal mientras ignora por completo la propiedad comunitaria reconocida constitucionalmente.

Para justificar su accionar, el actual gobierno se refugió en la defensa irrestricta del derecho a la propiedad privada. Bajo esta premisa, argumenta que la emergencia territorial perjudica a los "legítimos dueños" al impedir el uso, venta o producción de sus tierras, llegando a calificar la vigencia de la ley como una "confiscación de bienes". Asimismo, el discurso oficial ampara la derogación en una supuesta escalada de violencia y usurpaciones, responsabilizando a las comunidades originarias de ocupaciones ilegales e incendios intencionales.

La postura adoptada en la actualidad produce una paradoja histórica profunda e interesante: se acusa de "usurpar" a quienes habitan estos territorios por preexistencia étnica (tal como lo declara la Constitución Nacional). Lo que el relato oficial califica como delito es, en realidad, la resistencia de los pueblos frente a un despojo histórico que comenzó con la violencia de la conquista y continuó con la consolidación del propio Estado-nación argentino. El reclamo actual no es una perturbación del orden público, es una demanda de justicia, de una deuda que el Estado argentino tiene con todas las comunidades indígenas desde hace mucho tiempo y no logra resolver.

Sin embargo, este abandono no corresponde a una sola gestión ni a una ideología en particular. La Ley 26.160 fue prorrogada por gobiernos de distinto signo durante casi veinte años sin que el relevamiento se completara. Lo que el escenario actual hace no es inaugurar el problema: lo profundiza y lo hace explícito. La deuda con los pueblos originarios es una constante del Estado argentino, que se reproduce independientemente de quién ocupe el poder. Y mientras esa deuda persiste, los derechos humanos fundamentales siguen cediendo ante la promesa de inversiones extranjeras y un crecimiento económico que se construye, deliberadamente, sobre el sacrificio de las comunidades originarias. Cabe entonces reformular la pregunta inicial: no es que el Estado no pueda garantizar estos derechos, es que ha decidido no hacerlo.