La Reforma Laboral de Milei: ¿Modernización o retroceso de derechos?

El 28 de febrero de 2026, el Senado argentino aprobó con 42 votos a favor y 28 en contra la Ley de Modernización Laboral, una de las reformas estructurales más ambiciosas —y controversiales— del gobierno de Javier Milei. La norma modifica aspectos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo vigente desde 1974 y reconfigura las relaciones entre empleadores, trabajadores y sindicatos en la Argentina del siglo XXI.

¿Qué cambia con la reforma?

Entre los puntos más relevantes de la nueva ley se destacan: la flexibilización en las modalidades de contratación y despido, la posibilidad de extender la jornada laboral estándar de ocho a doce horas, la habilitación para pagar salarios en moneda extranjera, y modificaciones en el cálculo de vacaciones, horas extra e indemnizaciones. Además, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) en reemplazo del tradicional esquema indemnizatorio, y se elimina la ultraactividad de los convenios colectivos, dando prioridad a los acuerdos por empresa por sobre los sectoriales.

El debate político y social

La aprobación de la ley no fue sencilla. Antes de la votación definitiva en el Senado, el 19 de febrero, una huelga general convocada por los principales sindicatos paralizó el transporte público, hospitales, puertos y escuelas en todo el país. Fue una de las medidas de fuerza más contundentes desde el inicio de la gestión Milei. La Confederación General del Trabajo (CGT) incluso presentó una demanda judicial para frenar la implementación de la norma, argumentando que vulnera derechos consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales del trabajo.

Desde el oficialismo, el presidente Milei calificó la reforma como “una transformación profunda” destinada a terminar con más de setenta años de atraso en las relaciones laborales argentinas. El Gobierno sostiene que la nueva ley reducirá la informalidad, disminuirá la litigiosidad laboral —conocida popularmente como “la industria del juicio”— y generará un entorno más atractivo para la inversión.

El contexto político detrás de la reforma

La aprobación de la Ley de Modernización Laboral no hubiera sido posible sin el resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025, en las que La Libertad Avanza obtuvo más del 40% de los votos a nivel nacional, imponiendo al oficialismo en 16 de los 24 distritos electorales del país, incluyendo la provincia de Buenos Aires por un estrecho margen. Esa victoria convirtió a las elecciones de medio término en un plebiscito a favor de la continuidad del modelo libertario y le dio a Milei las herramientas legislativas que no tenía en su primer año de gobierno.

Con el nuevo Congreso, conformado a partir del 10 de diciembre de 2025, el Ejecutivo logró avanzar en su agenda reformista con mayor velocidad. La reforma laboral fue la primera gran apuesta legislativa de esta segunda etapa.

Las voces críticas

Especialistas en derecho laboral advierten que algunos puntos de la nueva ley podrían ser inconstitucionales y que serán los jueces quienes deban resolver, caso por caso, su compatibilidad con la Constitución. Un cambio que genera especial debate es la eliminación de la justicia social como principio rector de interpretación del derecho del trabajo, reemplazada por criterios de equidad y buena fe. Sectores sindicales y políticos de la oposición sostienen que el cambio no es semántico: implica un giro ideológico en cómo el Estado concibe la relación entre capital y trabajo.

A cuatro meses de su promulgación, la Ley de Modernización Laboral sigue siendo uno de los temas más calientes de la agenda pública argentina. Mientras el gobierno la reglamenta mediante decretos, como vimos en el mes de mayo, y avanza en su implementación; los sindicatos mantienen la demanda judicial activa y amenazan con nuevas medidas de fuerza. El debate sobre qué Argentina del trabajo queremos construir está lejos de cerrarse.