El descontrol artificial

El advenimiento de la Inteligencia Artificial acarreó uno de los procesos de adopción tecnológica más prolíficos de la historia de la humanidad. Este reciente fenómeno involucra aproximadamente a unos 2.400 millones de usuarios (29% de la población mundial), según DataReportal, desde su salida al público en noviembre de 2022 con OpenAI. Más allá de esta cifra, su potencial transformador alcanza prácticamente a toda la población mundial, lo que explica la rápida aparición del Estado como principal ente regulador. Un acontecimiento de estas características solamente puede ser regulado por él.

Sin embargo, este fenómeno posee características muy complejas, en donde diversas aristas del ser humano han sido transformadas. Por lo tanto, la conversación entre distintas ciencias y áreas de estudio es necesaria para entender y actuar en un suceso que altera diametralmente al mundo. El diálogo intersectorial entre la ética, la política, el derecho, la tecnología y demás disciplinas es necesario, y debe ser canalizado por el Estado.

Pero el Estado ya no es el principal decisor, sino que necesita ponerse de acuerdo con diferentes actores que cada vez ganan más importancia. Las grandes empresas, la opinión esparcida por múltiples canales y demás le han negado la decisión unilateral al Estado, teniendo éste que conciliar con los nuevos partícipes del orden social. De esta conjunción es difícil generar consensos, y las resoluciones han sido dispares. La única unanimidad es que la IA logró un avance que es imposible de retractarse: su inmersión no tiene vuelta atrás, y es por eso que su control se tiene que hacer ya. Pero esta carrera se juega a contrarreloj, ya que el avance de la tecnología es cada vez mayor.

Esto mismo ha ido adquiriendo una nueva dimensión, en donde el desarrollo de la IA se perfila de manera estratégica, generando un valor de poder en el cual quien maneje el destino de este instrumento se reservará un futuro poderoso. Es aquí donde los dos países principales del sistema aparecen: Estados Unidos y China. Por ende, si queremos identificar con claridad el marco en el que la IA actúa, los ojos tienen que estar puestos en las decisiones de estos países. La inminencia del tema, su constante desarrollo y la falta de poder coactivo de organismos internacionales genera que solo estas dos naciones decidan el futuro de la inteligencia artificial.

Lejos de converger en una arquitectura regulatoria internacional homogénea, las dos principales potencias han formalizado modelos profundamente dispares. Estados Unidos no tiene una ley federal unificada que regule de manera transversal, sino que se ha ido creando un ecosistema legal a partir de la convergencia entre estos nuevos actores.

El límite inicial que dispuso Estados Unidos surgió de un escándalo con la consultora Cambridge Analytica. Esta empresa había recolectado información engañosa de perfiles de millones de usuarios de Facebook sin su conocimiento para perfilamiento político. Como consecuencia, se estableció la “Doctrina del Decomiso Algorítmico", la cual obligaba a la destrucción forzosa de los algoritmos de predicción del comportamiento y modelos analíticos derivados de los datos recolectados. El debate en el Congreso se focalizó en tipificar un derecho de propiedad intelectual a nivel federal sobre la voz y la imagen visual de los individuos, habilitando causas de acción civil frente a la generación o distribución no autorizada de deep fakes. Pero al no formularse leyes de manera holística se terminó activando el federalismo estadounidense, con una competencia a nivel subnacional para atraer inversiones.

Es aquí donde California consigue destacarse por su estructura ya consolidada. En lugar de adoptar normativas preventivas que frenan la innovación temprana —postura que quedó sellada con el veto del gobernador Gavin Newsom a la ley SB 1047 para no castigar a los modelos de código abierto ni a la computación de frontera—, el Estado implementó un paquete de leyes modular enfocado en la transparencia y la confianza del mercado. Aunque su desarrollo tecnológico supera al resto de Estados, California adoptó leyes de protección y transparencia. Justamente en éste Estado, más específicamente en Silicon Valley, EE. UU. encuentra su desarrollo técnico, pero el gobierno no se ve desprovisto de ninguna supervisión: existe un sistema horizontal en donde el poder ejecutivo colabora con estos grandes empresarios para esquematizar el desarrollo de la IA, con un pragmatismo propio de un fenómeno reciente que todavía no alcanzó una legislación integral formal. Es por eso que mediante órdenes ejecutivas y el Instituto de Seguridad de la IA (US AISI) se evalúan riesgos de seguridad nacional, bioseguridad y ciberataques, pero se deja la investigación teórica, los datos y los algoritmos íntegramente en manos del mercado corporativo y el capital de riesgo.

Mientras tanto, en China la lógica es distinta, con un acentuado verticalismo, en donde el partido tiene la última palabra y dialoga con organismos claves encabezados por la Administración del Ciberespacio de China (CAC) y articulados con el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIT) y el Ministerio de Seguridad Pública. Este enlace ha ido formando de manera escalonada una serie de disposiciones que rigen el funcionamiento. El proceso comenzó con las Disposiciones sobre la Administración de Algoritmos de Recomendación en Servicios de Información por Internet de 2021, que introdujeron formalmente el sistema de registro obligatorio de algoritmos (beian) y promovieron la transparencia y la seguridad de ciertos derechos. Posteriormente, las Disposiciones sobre la Gestión de la Síntesis Profunda de 2022 establecieron obligaciones estrictas para el uso de datos biométricos y trataron de evitar la desinformación. Por último, en 2023 entraron en vigor las Medidas Provisionales para la Gestión de Servicios de Inteligencia Artificial Generativa en donde cualquier contenido generado debe alinearse con los «Valores Socialistas Fundamentales», prohibiendo la generación de material que socave el poder estatal, amenace la seguridad nacional o altere el orden económico y social. Asimismo, se impone a todo desarrollador cuyos modelos posean «propiedades de opinión pública o capacidad de movilización social» la obligación de superar una rigurosa evaluación de seguridad administrativa antes de poner la aplicación a disposición del público general.