Demolition Man y la policía moral del futuro que ya llegó

A veces el cine acierta más de lo que pretende. Demolition Man (1993) fue concebida como una sátira exagerada de la corrección política: un mundo donde los tacos están prohibidos, hay multas por malas palabras, arrestos por grafitis y el sexo es virtual. Tres décadas después, cuesta verla sin cierta incomodidad. Lo que parecía una caricatura futurista hoy se siente como un eco, apenas un paso más adelante del presente.

En esa ciudad futurista —y ficticia— de “San Ángeles”, el crimen violento desapareció. La policía ya no enfrenta criminales peligrosos. No hay asesinatos, ni caos: todo es ordenado, amable y políticamente correcto. Nadie discute, nadie contradice, nadie ofende. Es el paraíso del bien pensado. A la vez, es también una cárcel tan perfecta y pulida que hasta la duda resulta sospechosa. El precio de tanta paz es la libertad.Lo inquietante es que esa lógica se ha filtrado en el mundo real. Y uno de los casos más notorios es el del Reino Unido, donde la comparación deja de ser metáfora.

De la seguridad ciudadana a la seguridad moral

En la Inglaterra actual, la policía ya no se limita a perseguir delitos físicos: también persigue palabras. Solo en 2023 se registraron más de 12.000 arrestos y 140.000 denuncias por “hate crimes”; un promedio de treinta detenciones y casi cuatrocientas denuncias por día. Es decir, más personas detenidas por posts en línea que denuncias en países como Alemania o Francia.

Casos como los de Lucy Connoll —sentenciada a 31 meses de prisión por un tweet xenófobo— o el activista Tommy Robinson —encarcelado 18 meses por desacato e “incitación al odio”— ilustran un patrón. El elemento común no es la violencia física, sino la expresión, donde la intervención estatal se justifica en nombre del “orden moral”. Lo paradójico es que el público rara vez puede leer los mensajes originales: los medios los resumen como “material ofensivo”. El delito existe, pero nadie puede verlo, como si fuera demasiado inmoral incluso para ser la evidencia.

Mientras tanto, los delitos graves —violaciones, agresiones o robos— se resuelven cada vez menos, muchos quedan impunes, y se aplican penas mínimas a casos aberrantes.

La desproporción queda al desnudo con el caso del solicitante de asilo etíope Hadush Kebatu, condenado a sólo doce meses tras agredir sexualmente a una menor de edad y liberado “por error” antes de ser deportado.

Algo similar ocurrió en Suecia, cuando un tribunal determinó que un inmigrante acusado de violación no podía ser expulsado porque “el acto no había durado lo suficiente” para considerarse tal.

El contraste es inevitable: Tres años de cárcel por un tweet, uno por violación. Algo se desacomodó en la escala moral del sistema…

Un síntoma global

El fenómeno no es exclusivo del Reino Unido. Otros países occidentales siguen el mismo camino: Alemania registró un aumento del 120% de crímenes de odio digitales en tres años; Francia superó las quince mil infracciones racistas-xenófobas en 2023. Hay un patrón: miles de denuncias anuales, la mayoría por comentarios online.

Lo llamativo es que, al mirar las cifras con frialdad, el Reino Unido acumula más detenciones por publicaciones que muchos regímenes considerados “autoritarios”. En países como Rusia, Irán o China, las sanciones al discurso forman parte explícita del aparato de control político; aun así, los números resultan menores, o menos visibles.

La verdadera paradoja aparece cuando uno constata que un Estado que se autopercibe como garante histórico de la libertad de expresión termina actuando con más entusiasmo censor que aquellos a los que critica. La diferencia no reside en la existencia o no de la censura, sino en el relato de la legitima. En Occidente, se persigue la palabra “por el bien común”. La vigilancia se disfraza de empatía, y la autocensura adopta el nombre de respeto.

Y así, casi sin notarlo, lo que alguna vez fue libertad de expresión se transforma en una libertad condicionada, vigilada y socialmente administrada.

Un orden sin crimen

Demolition Man advertía que un mundo sin crimen puede ser también un mundo sin libertad. Hoy el crimen simbólico —la palabra inapropiada, el gesto incorrecto, un chiste— pesa más que la violencia real. La policía moral actúa en nombre del progreso, pero su resultado es la autocensura: periodistas que se editan a sí mismos, universidades que evitan el disenso, ciudadanos que piensan dos veces antes de hablar.

Lo inquietante es que el cambio llegó sin coerción visible. Nadie impuso una dictadura, simplemente se legisló “el bien”.Y cuando la virtud se vuelve mandato, la libertad se vuelve incómoda.Quizás por eso, al volver a ver Demolition Man, uno ya no se ríe tanto. Porque entiende que el futuro que ridiculizaba —ese mundo donde se multa por decir una palabra prohibida— ya comenzó, y que esta vez el policía no es una máquina: somos nosotros mismos.